Petit: programa de ASSE para cárceles "quedó por el camino" y hay "omisión" del sistema educativo

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, habló en Fuerte y Claro sobre la situación actual de las unidades penitenciarias del país. Aseguró que existe una “omisión” de parte del Gobierno por no proveer a las cárceles de centros educativos, así como un “debe” en materia de salud, principalmente en el tratamiento de las adicciones de los reclusos. Además, se refirió a los funcionarios corruptos, a la reincidencia y a los fallecimientos en prisión.

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“Que el sistema educativo permita que la educación llegue a la cárcel no es una acción magnánima o benévola, es una obligación que tiene”, expresó Petit.

Y ejemplificó: “Si mañana nos encontramos con que hay un barrio de Montevideo en donde no hay liceo, diríamos que es una barbaridad”. Recordó que hay cárceles que son “auténticas ciudades”, como el penal Santiago Vázquez (exComcar), que tiene 3800 reclusos, de los 11200 totales.

“Acá hay una omisión”, concluyó el comisionado parlamentario.

En el informe anual del comisionado parlamentario penitenciario del año 2016, Petit realizó recomendaciones que tienen por objetivo mejorar el acceso que los reclusos tienen a la educación.

Una de ellas plantea la posibilidad de conformar una rama del sistema educativo -con los recursos, programas y pedagogía adecuada- para llevar adelante un auténtico programa nacional de educación en condiciones de privación de libertad.

En este documento se expresa que la provisión de educación es responsabilidad de dos instituciones: del Codicen y del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Petit informó que aún no ha recibido respuestas de parte de la ANEP.

Según explicó, el aumento de la población penitenciaria ha provocado el descaecimiento de buenas iniciativas. “¿Por qué se ve a la cultura como un lujo, si es un factor de integración y de abatimiento de la violencia?, cuestionó.

Salud

“Hay un debe importante en el tratamiento de las adicciones”, aseveró Petit y dijo que si bien hay respuestas, “ha quedado por el camino” el programa de salud mental de ASSE que comenzó a implementarse en las cárceles desde el año 2009.

Aseguró que han sido desplegados algunos recursos, pero que estos son insuficientes, y comentó que la falta de personal de seguridad, custodias y acompañantes, provoca que a veces los internos no sean llevados a policlínica.

Corrupción

En el informe anual 2016, el comisionado parlamentario deja constancia que dentro de las cárceles, en un contexto de violencia y falta de educación, “las amenazas, extorsiones y la corrupción son habituales”.

Menciona que, a través de testimonios de reclusos del Comcar, ha constatado que “se reiteran las acciones de corrupción por parte de funcionarios infieles: ingreso de drogas, celulares, alimentos, equipos electrónicos”.

Al consultarle a Petit acerca de cuáles son las medidas que podrían tomarse para hacer frente a estos “funcionarios infieles”, expresó: “Es combatir la ilegalidad”.

Dijo que hay vigentes normas para combatir estas situaciones, pero que la falta de personal dificulta el control sobre estas personas.

“De parte de los funcionarios hay un discurrir del día, tratan de que pase el tiempo, y los internos tratan de sobrevivir. Eso ocurre en un tercio de las cárceles. El personal está agotado, no cree en lo que hace, ni en la rehabilitación de las personas que están allí”, indicó.

Fallecidos en prisión

“El origen del problema es la violencia, y el origen de esa violencia está en las malas condiciones de vida que hay allí”, dijo Petit sobre el número récord de fallecidos en prisión durante el año 2016, que alcanzó las 44 personas.

Explicó que a los reclusos “les faltan cosas para hacer”, ya sea actividades deportivas, culturales, educativas, o talleres de diversa índole. “En un tercio del sistema (estas opciones) son nulas, y en algunas solo hay encierro”, aseguró.

Reincidencia

“Para no ser víctima de un delito, deben existir buenas condiciones para aquellos que cometieron un acto de violencia, para que no lo vuelvan a cometer”, comentó Petit al ser consultado sobre las cifras de reincidencia.

Todos los años unas 6.500 personas recuperan la libertad en Uruguay tras cumplir su pena en prisión. De ese número, se estima que aproximadamente 4.200, es decir, el 65%, volverá a delinquir.

Además, el comisionado parlamentario añadió que es necesario evitar que la violencia se replique en la familia de quien cometió el delito.

“La violencia es algo que se contagia. Cuando un hijo visita a su padre en esos lugares y ve cómo se va deteriorando, para ese joven esa es una fuente de violencia”, concluyó.