Empresarios se oponen a decreto que advierte sobre "exceso" de azúcar, sal y grasas

Luego de que el gobierno avanzara en el proyecto de decreto que dispone el etiquetado de alimentos para definir los límites de azúcar, sal y grasas, y esté a la espera de la firma del presidente Tabaré Vázquez, los empresarios valoran como "infructuosas" las negociaciones con el Ejecutivo.

Según informa El Observador, tras mantener una serie de reuniones con la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), en donde sus integrantes propusieron trabajar en el sistema de rotulación en ingles (que informa los porcentajes en colores rojo, amarillo y verde), el gobierno prefirió continuar con el modelo propuesto en el proyecto de decreto (octógono negro).

Desde Ciali argumentan que la propuesta presentada se basa en las recomendaciones del Perfil Nutricional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que extrapola a cada producto el porcentaje de los nutrientes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para una dieta diaria (2.000 calorías).

Alguna de las 86 empresas que componen a Ciali se han asesorado jurídicamente -de forma "particular y privada"- para evaluar qué medidas se pueden tomar si el decreto es aprobado.

(Modelo de etiquetado aplicado en Chile)

Decreto

El proyecto de decreto, inspirado en el sistema que Chile aplica desde 2016, plantea cambiar las etiquetas de los alimentos que contengan “exceso grasas”, “exceso azúcares” y “exceso sodio”, “exceso grasas saturadas” por un rótulo en forma de octógono impreso en blanco y negro.

Lo propuesto partió de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y fue adaptado a Uruguay.

Cabe destacar que como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Uruguay suscribe a dos tratados vinculados a los alimentos: un acuerdo referido a obstáculos técnicos que puedan afectar el comercio, y otro que tiene que ver con las medidas sanitarias que garanticen el suministro apropiado de alimentos a la población.

Según señala El Observador, las empresas consideran que es en la OMC donde se deben realizar las consultas acerca de si este modelo de etiquetado supone una medida restrictiva para el comercio.