En Argentina el juez Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Bonadio dictó el procesamiento por "asociación ilícita" contra ella y diversos miembros del Ejecutivo de la época, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.
El juez pidió además su desafuero como senadora así como su detención, un pedido que deberá ser definido por el Congreso, según informa Clarín. Según informa la crónica de la Agencia EFE, de momento la exmandataria no será detenida.
La única forma de que Fernández vaya a prisión será posible si dos tercios de los senadores aprueban su desafuero. Por ahora, se considera que la posibilidad de que ello ocurra es lejana ya que la coalición gobernante Cambiemos cuenta con minoría en esa Cámara.
A su vez, Bonadio trabó a la expresidenta un embargo por $4.000.000.000 (alrededor de 100 millones de dólares), que aparece detallado casi al final del fallo de más de 500 carillas y que fue publicado por parte del Centro de Información Judicial (CIJ), en su sitio web.
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El caso se originó tras el descubrimiento a principios de agosto con las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, hombre cercano a Julio De Vido, exministro de Planificación.
Centeno registró durante 10 años, cientos de viajes con bolsos que contenían dinero proveniente de presuntos sobornos provenientes de empresas constructoras a cambio de contratos con el Estado.
Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados "arrepentidos" y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
En base a EFE, El País de Madrid y La Nación
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