El Ministerio del Interior presentó demandas civiles contra el senador Charles Carrera, la diputada Susana Pereyra y el exdirector de Comunicación de la cartera, Fernando Gil, por haberse atendido en el Hospital Policial sin cumplir con los requisitos legales necesarios para acceder a esos servicios.
Las demandas se formalizaron tras el fracaso de varias audiencias de conciliación convocadas por el Ministerio entre febrero y agosto de este año.
Según la cartera, ninguno de los demandados tenía derecho a recibir atención en ese centro de salud, ya que no son policías en actividad o en retiro ni tienen parentesco con funcionarios presupuestados.
Por esta razón, la cartera reclamó el reembolso de los costos asociados a los servicios brindados, argumentando que "no existe ni una sola norma legal o reglamentaria" que habilitara a Carrera, Pereyra y Gil a utilizar el Hospital Policial.
En particular, la demanda contra Charles Carrera, quien fue director general del ministerio entre 2010 y 2017, exige el pago de 18 mil pesos más intereses y reajustes por la atención recibida durante ese período.
Por su parte, a Susana Pereyra se le reclaman 247 mil pesos más intereses por estudios, asistencia e internaciones entre 2013 y 2017.
Finalmente, Fernando Gil, que continúa como asesor de Carrera en el Parlamento, enfrenta una demanda de 395 mil pesos, también con intereses y reajustes, por haberse atendido en el hospital entre 2013 y 2019 sin estar amparado en la normativa vigente.
El Ministerio del Interior subrayó que el Hospital Policial, que presenta un déficit mensual de millones de pesos, se financia con el aporte del 4% del salario o prestación de los funcionarios en actividad o en retiro.
En sus escritos, la cartera calificó de "ilógico" que el déficit del hospital aumente debido a la prestación de servicios a personas que no contribuyen a su financiamiento.
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