Cientos de personas se reunieron para participar en la audiencia pública sobre el polémico proyecto Neptuno, en la zona de Rafael Perazza, San José. Se trata de una iniciativa que busca construir una planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí.
Esta planta procesaría agua del Río de la Plata con el objetivo de abastecer al sistema metropolitano, en un contexto donde el suministro de agua enfrenta serios desafíos.
La audiencia, convocada por el Ministerio de Ambiente, es un paso obligatorio antes de que se otorgue la autorización ambiental que permitiría iniciar las obras.
El clima de la audiencia fue de tensión, con interrupciones constantes debido a gritos y abucheos de los asistentes, muchos de los cuales expresaron su rechazo al proyecto.
La jornada estuvo marcada por el desacuerdo entre los impulsores de la iniciativa y las organizaciones sociales que se oponen a la misma, en medio de una atmósfera cargada de incertidumbre.
El ingeniero Francisco Gross, responsable del proyecto por parte del consorcio Aguas de Montevideo, defendió la iniciativa afirmando que la nueva planta potabilizadora garantizará un suministro de agua de calidad “buena” o “muy buena” durante todo el año.
Por su parte María Selva Ortíz, referente de la organización Redes-Amigos de la Tierra, fue crítica e indicó que el informe presentado por la empresa está plagado de inconsistencias.
“Se identificaron más de 200 problemas de manejo de información, carencias conceptuales y metodológicas que deben ser resueltas antes de otorgar la Autorización Ambiental Previa o, en su defecto, negarla”, subrayó.
Ortíz también recordó la relevancia del artículo 47 de la Constitución uruguaya, que establece que la gestión de los recursos hídricos debe ser sustentable y solidaria con las generaciones futuras.
Además, enfatizó que la normativa exige la participación de los ciudadanos y la sociedad civil en todas las etapas de planificación y gestión de los recursos hídricos, planteando la pregunta de dónde quedaron los aportes de las organizaciones sociales y académicas.
“Es fundamental que se antepongan las razones de orden social a las económicas en la toma de decisiones sobre el agua”, agregó, apelando a los principios constitucionales.
Por su lado el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que estuvo presente en la audiencia, se refirió a los plazos para la resolución del informe final del proyecto.
En este sentido aclaró que la autorización ambiental previa depende del análisis técnico que realicen los expertos de su cartera, y que por el momento “no hay un plazo definido” para la emisión del informe que podría habilitar o rechazar la construcción de la planta.
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