“El Ejecutivo no debía haber firmado ese convenio, por muchas razones, pero la principal es que perdió el gobierno”. Así lo expresó el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, tras la firma del contrato entre la administración Lacalle Pou y el consorcio Aguas de Montevideo para el proyecto Arazatí. El acuerdo habilita la construcción de una planta potabilizadora en San José para suministrar agua potable al área metropolitana.
La planta, que tomará agua del Río de la Plata, busca mitigar futuras crisis hídricas como la de 2023, sin embargo, el FA criticó el momento elegido para la firma, a 37 días del cambio de gobierno, y cuestionó los impactos ambientales y economicos del proyecto.
“El gobierno debería haber dejado al entrante la responsabilidad de tratar todo el tema, incluyendo las negociaciones”, dijo Pereira y agregó que la decisión muestra “caprichosidad” y falta de consenso social.
También aseguró que la iniciativa afectará las finanzas de OSE, hipotecando futuras inversiones en saneamiento y agua potable.
Desde el Frente Amplio adelantaron que analizarán las opciones disponibles una vez en el poder.
“Serán los equipos de Orsi los que deciden qué acciones jurídicas o de otro tipo se pueden tomar para minimizar el daño para Uruguay y los uruguayos”, agregó Pereira, quien también cuestionó otras decisiones recientes del gobierno saliente como “erráticas”.
Perspectiva ambiental
Por su parte, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, defendió la firma del contrato y el desarrollo del proyecto.
En diálogo con Desayunos Informales de Canal 12, explicó que la demora en concretar el acuerdo se debió a la complejidad del proceso.
Según Bouvier, fue necesario definir estrategias, evaluar propuestas privadas y realizar análisis financieros antes de concretar el proyecto.
“Este tipo de proyectos insumen años de análisis. Hubo un estudio ambiental amplio con un informe de más de 120 páginas que no ha tenido cuestionamientos”, aseguró y desestimó las críticas sobre contaminación, señalando que el informe técnico respalda su resolución.
Bouvier reconoció que la oposición proponía una planta similar en Casupá, pero aclaró que ese proyecto es complementario y no prioritario: “Arazatí es una decisión política de este gobierno, estamos dejando un proyecto totalmente aprobado y en camino para garantizar agua al área metropolitana”, afirmó.
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