El futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, advirtió al Frente Amplio (FA) sobre maniobras fiscales realizadas por el gobierno actual, que incluyeron el adelanto de impuestos por parte de empresas públicas por más de 1.000 millones de dólares. Según Sánchez, esta estrategia tuvo como objetivo reducir el déficit fiscal final del período de Luis Lacalle Pou.
La intención del gobierno saliente sería cerrar su administración con un déficit menor al registrado en 2019, durante el último año del mandato de Tabaré Vázquez.
Así lo señaló Sánchez en un informe de transición presentado el pasado lunes ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, y publicado este jueves por el semanario Búsqueda.
En dicho informe se destacó que el adelanto de impuestos fue considerablemente mayor a las previsiones originales que manejaba el gobierno electo, que estimaban un monto de 400 millones de dólares, la cifra final resultó ser dos veces y media superior a esa estimación.
Además, Sánchez alertó sobre información “oficiosa” que sugiere posibles atrasos en los pagos a proveedores de distintos organismos estatales.
Según el futuro secretario de la Presidencia, estos pagos se habrían diferido a 2025 para mejorar artificialmente los indicadores fiscales del 2024.
Otro tema que formó parte de la exposición de Sánchez fue la reciente firma del contrato para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí, San José.
La obra, impulsada por el gobierno actual, enfrenta incertidumbre debido a las implicancias económicas y legales de una eventual rescisión.
De acuerdo con Sánchez, si el próximo gobierno decidiera cancelar el contrato, el Estado uruguayo debería abonar alrededor de 100 millones de dólares, sin contar posibles litigios internacionales por lucro cesante y otras indemnizaciones.
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