El juez de Concurso de primer turno, Leonardo Méndez, decretó la intervención de la empresa Conexión Ganadera tras el pedido de abogados que representan a algunos acreedores. La medida, que no implica el llamado a concurso ni la designación de un síndico, busca preservar los activos de la firma y verificar la existencia y el estado del ganado, que, según los documentos, está repartido en varias zonas del país.
El interventor comenzará su trabajo este jueves en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con potestades de coadministración y de toma de decisiones dentro de la empresa.
La intervención se da en un contexto de incertidumbre para los más de 4.300 inversores que resultaron damnificados por Conexión Ganadera.
Entre los afectados figuran al menos tres entidades o personas vinculadas a la Iglesia Católica Uruguaya. Una de ellas es la diócesis de Canelones, que posee cinco contratos vigentes por arrendamiento de cría de terneros en Artigas por un monto aproximado de 542.000 dólares.
“Para el funcionamiento de la diócesis era algo muy bueno, porque nos pagaban los intereses en fecha y eso nos aseguraba el cumplimiento de muchas obligaciones”, explicó el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant.
Bodeant detalló que estas inversiones comenzaron gradualmente bajo la gestión de su antecesor, Alberto Sanguinetti, y admitió que ahora ve “bastante difícil” la posibilidad de recuperar el dinero.
“La mayoría del dinero de la diócesis estaba allí invertido”, sostuvo, expresando su temor por el impacto financiero que esto pueda tener en la vida diocesana.
En el listado de afectados también figura la congregación Hijas de María Auxiliadora, con un monto de 182.000 dólares, y el párroco de Florida, César Buitrago, con una inversión de 146.000 dólares.
Según La Diaria, Buitrago mantenía una relación cercana con Gustavo Basso, uno de los responsables de la empresa.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza y ha revelado maniobras irregulares en el manejo de los fondos.
Jairo Larrarte, uno de los responsables del Grupo Larrarte, admitió ante la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Carolina Rico, que desvió dinero de los inversores sin notificarles.
“La empresa toma la decisión, fue una decisión que tomé yo. Esos capitales se vuelcan a todo el sistema productivo que tiene la empresa, eso fue lo que aconteció. No se le da información directa al cliente, pero fue lo que pasó”, declaró.
Larrarte enfrenta denuncias por estafa, apropiación indebida, abigeato, falsificación de documentos y asociación para delinquir.
Su testimonio complica aún más el panorama para los inversores afectados, que ahora dependen de la intervención judicial para intentar recuperar parte de su capital.
La situación sigue en desarrollo y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial continúan recabando pruebas para esclarecer el destino de los fondos y definir responsabilidades dentro de Conexión Ganadera.
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