El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, ratificó su postura en contra del proyecto inmobiliario que buscaba construir 29 edificios en la zona rocosa de Punta Ballena. Durante una rueda de prensa en el evento Agro en Punta, el jerarca sostuvo que la decisión fue tomada tras un “largo proceso” y destacó la importancia de brindar “las garantías necesarias” antes de emitir la resolución.
La negativa del Ministerio de Ambiente impide que la iniciativa avance, ya que no se otorgó la autorización ambiental previa, un requisito esencial para su construcción.
La Junta Departamental de Maldonado ya había dado su visto bueno al emprendimiento, pero el informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental del ministerio concluyó que el proyecto generaría impactos “significativos y algunos irremediables”.
“Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es emitiendo una resolución diciendo que este proyecto tiene impactos que son significativos y algunos irremediables”, explicó Bouvier.
Entre los principales factores negativos mencionó la “afectación a la biodiversidad” y el impacto desde el “punto de vista social”.
El jerarca reconoció que la empresa promotora del proyecto podría presentar recursos legales, pero aclaró que “pueden haber todas las instancias que correspondan” y que los desarrolladores tienen “todo el derecho de hacerlo”.
Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no ha tenido contacto con la compañía tras la resolución.
En el documento oficial, el Ministerio fundamentó su decisión en la fragilidad ecosistémica de la zona, señalando que el terreno donde se pretendía construir es un área de “alta sensibilidad ambiental”, lo que lo hace vulnerable ante intervenciones humanas.
Además, se advirtió que el impacto de la urbanización sería irreversible tanto en la biodiversidad como en el paisaje.
Otro de los puntos cuestionados fue el aumento del tránsito vehicular en la zona, lo que agravaría la problemática existente, especialmente en temporada alta.
El ministerio consideró que las medidas de mitigación propuestas por la empresa fueron “inadecuadas o insuficientes” para minimizar los efectos negativos del desarrollo urbano.
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