La fiscal Alicia Ghione, encargada del caso contra Gustavo Penadés, advirtió sobre la desaparición de un testigo clave en la causa, en medio del avance de la investigación. En paralelo, la jueza penal Marcela Vargas, resolvió modificar la medida cautelar contra Penadés y Mauvezin. Ambos dejarán la prisión preventiva y pasarán a cumplir arresto domiciliario.
El desaparecido, denunciado por la fiscal, es Federico Rodríguez, un ex policía vinculado a la “trama” urdida por el ex senador, quien está desaparecido desde diciembre.
"Cabe preguntarse si está vivo", expresó la fiscal en la audiencia de ayer, al tiempo que señaló que Rodríguez había recibido amenazas del ex director del Comcar, Carlos Tarocco, uno de los condenados en el caso.
Ghione también informó que este lunes tomó declaración a un nuevo testigo, cuya identidad se mantiene en reserva.
Según relató la fiscal, este testigo aseguró que en marzo de 2023 Sebastián Mauvezin le detalló cómo se realizaban los "pedidos de jóvenes" para Penadés y que existía un "acuerdo económico" entre ambos.
Además, mencionó que el ex senador "le pagaba por cada menor" y que incluso lo había ayudado con la enfermedad de su padre.
A casa
En paralelo, la jueza penal Marcela Vargas resolvió modificar la medida cautelar contra Penadés y Mauvezin. Ambos dejarán la prisión preventiva y pasarán a cumplir arresto domiciliario, con tobillera electrónica y prohibición de salir de sus hogares.
La medida, solicitada por la defensa de los imputados, regirá mientras continúa la investigación.
Vargas justificó su decisión al señalar que “las circunstancias cambiaron” desde el inicio del proceso y argumentó que Penadés y Mauvezin ya no representan un riesgo para el caso ni para las víctimas.
“Si Penadés se hubiera querido fugar, se fugaba de la cárcel, si hubiera tenido ese poder de corromper a personas dentro del Estado”, afirmó la magistrada.
Sin embargo, Ghione insistió en que el ex senador sigue siendo un riesgo para la investigación y apeló la decisión de la jueza.
También lo hizo la defensa de las víctimas, que cuestionó el cambio en la medida cautelar.
La fiscal había solicitado que la prisión preventiva se extendiera hasta el 10 de junio, fecha límite para presentar la acusación formal.
La jueza reconoció la complejidad del caso y sostuvo que se trata de "hechos gravísimos".
En su resolución, admitió que al inicio de la investigación hubo "entorpecimiento" y que el "poder político" de Penadés influyó en la trama que buscó identificar a las víctimas y evitar la causa en su contra.
Penadés está imputado por 22 delitos sexuales contra menores de edad, además de cohecho calificado y asociación para delinquir.
Mauvezin, en tanto, enfrenta siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.
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