Junto al exintendente frenteamplista se procesó sin prisión a una arquitecta que se desempeñaba como directora de Acondicionamiento Urbano y a su esposo, también arquitecto, que trabajaba como supervisor de la empresa contratada para realizar las obras en la Casa de la Cultura, por un monto cercano a los US$ 100 mil por conjunción del interés personal y público.
Tras rever el caso, un tribunal de apelaciones revocó este jueves los tres procesamientos. “El argumento es que si bien pudo haber alguna irregularidad administrativa, eso está muy lejos de ser delito”, dijo a El Observador el abogado Gonzalo Crizul, defensor de Amaral.
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