Según informó El País, el mencionado protocolo establece el retiro preventivo del arma de reglamento y el "registro del retiro en la historia clínica de la persona ofensora".
Además el protocolo establece que "el personal involucrado en calidad de presunto ofensor en una situación de violencia doméstica y/o de género será asistido de manera integral por el servicio especializado para tal fin".
También se marcan sanciones para "todo personal responsable de una situación de violencia doméstica y/o de genero será pasible de sanciones disciplinarias, según determine la autoridad competente".
El fin de semana pasado el ministro del Interior Eduardo Bonomi anunció la creación del protocolo e informó que en lo que va de 2015 fallecieron cuatro personas por casos de violencia doméstica en familias de policías y que otros funcionarios policiales se quitaron la vida.
Desde los sindicatos policiales reclamaron la falta de pericias psicológicas periódicas para los efectivos policiales. Este reclamo se volvió a formular en enero luego del violento crimen en pleno centro de Minas (Lavalleja).
En el caso del personal del Ministerio del Interior que sea víctima de violencia doméstica el protocolo establece "medidas reparatorias administrativas".
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