En declaraciones al programa Fuerte y Claro de Radio Informarte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que en los próximos días se va a concretar la comparecencia de las autoridades de Ancap al Parlamento para explicar el detalle del superávit alcanzado por la empresa en 2018. Afirmó que los 88 millones de dólares de ganancia son consecuencias del sobreprecio de los combustibles. Además adelantó que este jueves habrá una reunión en la sede del PN con dirigentes colorados para analizar la posibilidad de reflotar la Concertación de cara a las municipales de 2020. Escuche la entrevista completa.
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Con respecto a la posibilidad de volver a utilizar el mecanismo de la Concertación política, Abdala dijo que en lo personal lo considera un “instrumento bueno y una idea que fue oportuna” en la que “cometimos errores en el manejo de los tiempos y en el manejo de las candidaturas”.
“Esto nos acotó las posibilidades del instrumento y en lugar de usar ese acuerdo inteligente se frustró. Para mayo de 2020 hay que estar abiertos, de hecho este martes habrá una reunión en la sede del Partido Nacional con representantes del Partido Colorado donde se analizará el tema”, adelantó.
Aunque el legislador dijo estar “abierto a analizar las posibilidades” aclaró que se debe ser consciente de que “hay límites que provienen de la realidad y el calendario”, afirmó.
Aparente
Sobre la citación a las autoridades de Ancap para que informen del superávit 2018 anunciado hace pocas semanas, Abdala indicó que la ganancia “obedece a las políticas desarrolladas pero al mismo tiempo a las decisiones tarifarias”.
“Se trata de una ganancia aparente que responde al concepto de renta monopólica y por tanto como aumentaron los precios de los combustibles en enero de 2018, en julio de 2018 y en el último trimestre, cuando el petróleo se derrumbó no bajaron sino que aumento el supergás, eso generó esta posición de ganancia para la empresa”, explicó.
Nuevas reglas
En otro orden, Abdala informó que está impulsando, junto con la diputada Cristina Lustemberg del FA, una iniciativa que, entre otras cosas, obliga a poner cercos y alarmas de inmersión en piscinas públicas y privadas, incluyendo casas de familia, y crea un programa nacional de prevención del ahogamiento infantil.
Abdala dijo que la situación es delicada y por eso se está trabajando en esta legislación, dado que “el ahogamiento infantil es la principal causa de muerte infantil de 0 a 4 años y la segunda entre los de 5 a 14 años. Es un tema real sobre el que algo había que hacer”.
En Uruguay “no hay legislación, por lo que se trabajó en la redacción tomando textos de otros países y comparándolos, como el caso de Chile, Colombia y EEUU” y fue así que “propusimos crear este programa nacional que articula la Secretaria de Deportes con las instituciones”.
Abdala aclaró que, a nivel familiar, la idea es lograr, por ley, que “cuando las piscinas se comercialicen ya se vendan con dispositivos de seguridad como la cerca perimetral. Que en las plazas de deportes y clubes se logra fiscalizar” y adelantó que la mira está puesta en aprobar la ley antes de junio porque “hay voluntad política”.
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