Entrevistado en el programa Fuerte y Claro, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, dijo que actualmente el presupuesto que maneja es de 300 millones de dólares pero “se va a requerir un refuerzo de más de 20 millones de dólares para terminar este año”. Aseguró que “ese dinero va a estar, porque ninguna de las actividades esenciales se va a detener”. Escuche la entrevista.
En el marco de las investigaciones de Fiscalía por explotación sexual, Pablo Abdala se reunió con el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien le recomendó que “ante la más mínima sospecha, se denuncie”.
Abdala dijo en Fuerte y Claro que “la explotación sexual es una vulneración de derechos de niños y adolescentes, esto nos tiene que encontrar juntos en complementar esfuerzos”.
Abdala afirmó que “cuando estos temas se destapan, actúa la Fiscalía de la Nación, cuando ocurre hay indagados, hay pruebas y por supuesto víctimas, que adquirieron importancia en el nuevo Código del Proceso Penal, que antes no tenían”.
Agregó que “la Fiscalía recurre a nosotros cuando entiende que hay que darle protección”, informando que INAU y Fiscalía tienen “un convenio para hacer viable ese tipo de asistencia.
Ante la duda denunciemos, nos dijo el Fiscal. Cuando hay indicios de una situación de explotación, quien tiene que actuar, es la Justicia” señaló Abdala.
“Cuando hay elementos, por tenues que puedan ser, la obligación la tiene cualquier ciudadano. Hay una responsabilidad social. Ante el más mínimo indicio hay que hacerle llegar al Estado el conocimiento de esos hechos, para que podamos actuar y fiscalía pueda llevar la investigación” consideró el presidente del INAU.
En relación a las cifras de explotación sexual dijo que “son muy preocupantes”. El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y Adolescencia, (Conapees) “maneja 240 en el año 2019, de esos 129 son casos nuevos, de ese año, los otros son casos vigentes de años anteriores” dijo Abdala.
El jerarca explicó que lo que sucede, es que “no todos están judicializados. Porque hay indicios pero no hay sospechosos, o indagado o no hay pruebas contundentes. Hay que definir límites con mucho cuidado. Probablemente estas cifras no representan la realidad del problema y sea bastante mayor”.
Recursos
Abdala se reunió en las últimas horas con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consultado sobre el presupuesto asignado al INAU, dijo que a ese tema “lo sobrevolamos”, pero señaló que se hizo foco en “la apertura gradual de centros la próxima semana, con actividad socio-educativa”.
“Los recursos siempre son insuficientes, el INAU es deficitario, gasta más de lo que recibe” afirmó Abdala pero consideró que esta situación “viene de antes, pero hoy va a requerir un refuerzo de más de 20 millones de dólares para terminar este año”.
Abadala agregó que “el gobierno anterior no ha venido adecuando los gastos en inversiones que el INAU precisa”.
De todos modos, el jerarca señaló “ese dinero va a estar, porque ninguna de las actividades esenciales se va a detener”.
El jerarca explicó que “INAU tiene más de 900 convenios con organizaciones sociales, donde la enorme mayoría se cumple, pero hemos detectado otros que no. Consultado sobre el inicio de auditoría dijo “ya hay”. El presidente del INAU sostuvo que se asegura que se mantendrá la atención a los “más de 9000 niños que atendemos todos los días”.
Ante un contexto de emergencia sanitaria, Abdala señaló que “es difícil aumentar el presupuesto de 300 millones de dólares asignados. INAU tiene un presupuesto mayor que el propio MIDES o el MTOP. Seguramente tenemos margen para aumentar eficiencia y reasignar recursos internamente”.
En relación a los niños de 0 a 4 que habitan en centros penitenciarios con sus madres privadas de libertad, dijo que habló con el Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit para que más niños puedan acceder a esa condición, es decir, “los hijos de los otros privados de libertad, los 12.000”.
Explicó que según una estimación de INAU, serían 20.000, “estamos en una etapa de diagnóstico para ver qué pasos dar” aseguró.
En cuanto a las adopciones y los cambios que introduce el proyecto de Ley de Urgente Consideración dijo que es “un tema central”. El objetivo es “introducir cambios para agilizar los trámites. Un plazo máximo de 18 meses para etapa de valoración de la familia y que se la inscriba en el registro de adoptante, eso está demorando entre 3 y 4 años. 18 meses en un plazo amplio y sobrado” cerró.
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