La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) criticó la decisión del Ministerio del Interior que hizo públicos los antecedentes penales de una de las personas que participó del incidente con el ministro Eduardo Bonomi durante la inauguración de la ruta 30 en Artigas.
La Inddhh manifestó su "más profunda preocupación ante la reiteración de prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo" que habían sido revisadas en el caso del colono Gabriel Arrieta, en el mes de febrero cuando el portal de Presidencia publicó datos personales y deudas que esta persona mantenía con el Estado.
La Institución expresó que "la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes; etc.), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto".
Agrega que se debe "atender, rigurosamente, a la aplicación de los límites legítimos que, en un Estado Democrático de Derecho, pueden establecerse respecto a el derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, sin generar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los mismos".
"En este caso, como en el analizado en la resolución antes citada, el contenido del comunicado ministerial no 'cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas (….)'", concluye el texto.
Esta mal
En linea con lo expresado anteriormente opinó el abogado constitucionalista Martín Risso, que entiende que el Gobierno violó el derecho a la privacidad de esta persona.
El profesional entiende “inadmisible” porque el fin fue el de” desacreditar” al ciudadano. “Creo que hay una violación importante del derecho a la privacidad e intimidad de esta persona, incluso de su entorno familiar”, explicó en declaraciones a Subrayado.
“No es admisible que ningún órgano estatal utilice información sensible de la que dispone para fines que no sean los establecidos en la materia. Por ejemplo, si están haciendo una investigación, es razonable que recurran a los antecedentes o analicen los antecedentes de una persona”.
Pero, “en este caso, utilizado como una forma de desacreditar a la persona que intentó hacer una propuesta, indudablemente es violatorio de los Derechos Humanos e implica una clara desproporción en el obrar del Estado, es un exceso”, cerró.
Denuncia
Por su parte los tabacaleros que se manifestaron en Artigas anunciaron que van a presentar una denuncia penal contra el Ministerio del Interior y el ministro Eduardo Bonomi por "prisión indebida".
El abogado de los trabajadores, Rudi Paiva, dijo a Montevideo Portal que la difusión de los antecedentes fue "una estrategia rastrera" para "tapar" el incidente.
Paiva informó que la denuncia será presentada el próximo lunes en la Fiscalía de Artigas. La denuncia es contra el Ministerio y los guardias de Bonomi, involucrando también al propio ministro por haber detenido a los manifestantes.
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