El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) rechazó la propuesta del candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, de eliminar las contraprestaciones para acceder a las asignaciones familiares, como la obligación de asistir a centros educativos.
En julio, 5.800 asignaciones fueron suspendidas por incumplimiento y el Mides defiende estas medidas para fomentar la educación, mientras que Orsi aboga por su eliminación, generando un debate político sobre la importancia de estas políticas sociales.
Orsi y su posible ministro de Economía, Gabriel Oddone, propusieron eliminar las contraprestaciones para recibir asignaciones familiares, lo que implica que no sería necesario que los niños y adolescentes asistan a la escuela para acceder a este beneficio.
La propuesta generó un intenso debate, porque desde el Mides defienden la necesidad de mantener la obligatoriedad de la educación como un incentivo clave para que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo.
El tema de las contraprestaciones en los planos sociales no es nuevo, durante los gobiernos del Frente Amplio, hubo tensiones internas sobre si las asignaciones familiares debían estar condicionadas a la asistencia educativa.
Marina Arismendi, extitular del Mides, era una fuerte defensora de que las ayudas económicas no debían estar atadas a obligaciones como la educación, alegando que retirar las asignaciones solo profundizaría las dificultades de las familias más vulnerables.
Aun así, en 2016, el expresidente Tabaré Vázquez, restableció los recortes de asignaciones para los menores.
Los recortes de asignaciones comenzaron en 2013 bajo el gobierno de Mujica, partiendo de la Ley N° 18.227, que regula los criterios para el pago de asignaciones familiares según la situación educativa de los menores.
A lo largo de los años, estas suspensiones impactaron en miles de beneficiarios, en 2013, 32 mil asignaciones fueron cortadas por incumplimiento de la asistencia escolar, cifra que ascendió a 51 mil en 2014.
El Mides viene defendiendo esta política argumentando que tuvo un impacto positivo en la reintegración de jóvenes al sistema educativo.
En declaraciones publicadas por El País, Antonio Manzi, director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, destacó que muchos adolescentes retomaron sus estudios tras el aviso de que perderían el beneficio.
Sin embargo, Orsi y Oddone sostuvieron que estas restricciones no deben estar vinculadas a los planos sociales, ya que consideran que los apoyos económicos deben brindarse sin condiciones adicionales, para no agravar la situación de las familias en condiciones de vulnerabilidad.
Este debate se enmarca en una discusión más amplia sobre la efectividad de las políticas sociales para combatir la pobreza y fomentar la educación, siendo uno de los puntos clave en la agenda política de cara a las elecciones.
Este debate entre el enfoque de la política social y la obligación educativa marca un punto de tensión entre las propuestas del Frente Amplio y la gestión actual del gobierno, convirtiendo a las asignaciones familiares en un tema central de discusión en Uruguay.
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