Blancos analizan solicitar juicio político para De León

Esta semana, el Partido Nacional estudiará la posibilidad de impulsar un juicio político al senador Leonardo de León (FA), de la lista 711, por la utilización de la tarjeta corporativa de ALUR.

De prosperar la iniciativa, el delito por el que se lo acusará será "peculado" debido al uso de las tarjetas de la empresa que dirigió durante los años 2011 y 2015 para gastos personales.

La bancada nacionalista analizará una propuesta del diputado Pablo Iturralde, que de ser acompañada, podría dar lugar a discutir la posibilidad de un juicio político en el plenario de la Cámara de Representantes. De votarse, el proceso tendrá comienzo en el Senado, según lo establece la Constitución.

Según informa El País, en sus argumentos, Iturralde sostiene que de León "se apropió" en su "beneficio de dineros públicos".

El legislador señaló que mientras de León presidió ALUR "hizo uso de la tarjeta corporativa de la empresa sin haber rendido cuentas, en el exterior y en fechas en que no se encontraba en misión por la empresa, en ocasiones en que había percibido los viáticos correspondientes", hechos que para Iturralde "ponen de manifiesto que se apropió en beneficio propio de dineros públicos a los que accedió por razón de su cargo".

Perjuicio

Iturralde expresó que, ante "aquellos que erróneamente entienden que no hay delito si no hay perjuicio económico, evidentemente existió perjuicio del erario en la misma medida y valor en que se benefició el patrimonio particular del señor senador".

Entiende además que de León, "representante de Alcoholes del Uruguay S.A. entre los años 2011 y 2015 estuvo regido por las mismas normas que los directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, siendo, en consecuencia, funcionario público y, como tal, alcanzado por las disposiciones aplicables a los mismos".

Debido a que se lo considera como funcionario público, el documento que presentará Iturralde contiene el artículo 153 del Código Penal (CP) que hace referencia al delito de "peculado".

Allí se indica que "el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años".

Para Iturralde no hay "duda en cuanto a que el capital que maneja Alcoholes del Uruguay S.A. constituyen fondos públicos".

Comisión

A todo esto, la Comisión de Ética del Frente Amplio tiene a consideración el caso del senador de Leonardo de León (Lista 711) por realizar compras con tarjetas corporativas de ALUR mientras la presidía, por un monto de US$ 30.677 y $ 868.560.

Aunque descartó presentarse voluntariamente al Tribunal de Conducta, de León podría declarar si se lo llama según informa El País.

La Mesa Política del Frente Amplio trató a su vez, el cruce entre el ministro de Economía Danilo Astori y el senador Leonardo de León.

En una entrevista con El Espectador, Astori dijo que en el caso de de León se "debería seguir el mismo camino" que se tomó en el caso del exvicepresidente Raúl Sendic. El senador definió como "tristes" las declaraciones de Astori.