El Banco de Previsión Social (BPS) invirtió aproximadamente 50 millones de dólares en prestaciones dirigidas a personas afectadas por la dictadura en Uruguay. Actualmente, unas 3.100 personas se benefician de estos programas de asistencia, que buscan reparar el impacto sufrido por quienes padecieron abusos y persecución en ese período.
La pensión reparatoria es la prestación con mayor cantidad de beneficiarios, alcanzando a 1.711 personas, quienes reciben mensualmente un monto de 69.995 pesos.
Este subsidio es un reconocimiento para aquellos que vivieron directamente las consecuencias de la represión, ya sea por persecución política, detención o exilio.
Otra prestación significativa es la jubilación especial, que asiste a 1.056 personas con una mensualidad de 36.060 pesos.
Este beneficio está destinado a quienes enfrentaron situaciones excepcionales que impactaron en sus posibilidades laborales y previsionales durante los años de la dictadura.
Por último, 306 personas reciben la pensión por sobrevivencia, la cual asciende a 65.924 pesos mensuales.
Esta asistencia se otorga a los familiares de personas que sufrieron consecuencias fatales o severas debido a la represión y persecución estatal de aquellos años.
Todas estas prestaciones son financiadas a través de Rentas Generales, de acuerdo con lo informado por Búsqueda.