El Poder Ejecutivo entregó al Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) el proyecto de ley que será enviado al Parlamento para atender la grave situación financiera de la entidad. La iniciativa incluye una contribución obligatoria por parte de los pasivos, una suba en las tasas de aporte de los activos, un aumento de los timbres profesionales y un respaldo económico por parte del Estado, junto con una reforma en la gobernanza del organismo.
Según el comunicado difundido por la Caja, los pasivos deberán realizar un “esfuerzo contributivo especial” que promediará un 9%, lo que representaría entre 40 y 45 millones de dólares anuales.
El Estado, por su parte, aportaría hasta 30 millones de dólares cada año, es decir, dos tercios del total.
También se ajustarán los valores de los timbres según la evolución del Índice Medio de Salarios y del Índice de Precios al Consumo.
Mazazo
La propuesta despertó fuertes críticas del presidente de la CJPPU, Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien consideró que la iniciativa representa “un mazazo a los afiliados” y que es “prácticamente la misma ley exprés del gobierno anterior, pero más dura”.
Advirtió que la caja no tendrá margen de maniobra, ya que el proyecto se enviaría al Parlamento el lunes posterior a la Semana de Turismo.
Rodríguez cuestionó que se imponga un nuevo tributo a los pasivos que actúe como “un segundo IASS” y advirtió que elevar los aportes a los activos agravará la crisis del sistema.
“Muchos profesionales se declaran en no ejercicio porque no pueden aportar lo que exige la caja”, expresó.
También criticó que el Poder Ejecutivo no considerara la propuesta de redirigir parte del IASS hacia la Caja Profesional.
Otro punto polémico es la reforma en la gobernanza, que pasaría de siete a cinco integrantes.
Rodríguez denunció que esta reducción implica “una intervención virtual de la Caja”, ya que se eliminarían dos cargos electos por los afiliados pero se mantendrían los dos representantes del Poder Ejecutivo. “Eso significa aumentar el poder del Ejecutivo”, señaló.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había afirmado semanas atrás que el Estado sería parte de la solución, pero sin recurrir a un salvataje.
Mientras tanto, la CJPPU arrastra un déficit de 65 millones de dólares y alertó que no podrá cumplir con sus obligaciones a partir de mitad de año si no se implementan cambios urgentes.
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