Gonzalo Civila, próximo ministro de Desarrollo Social (Mides), manifestó su desacuerdo con el enfoque de “compulsividad” aplicado en la normativa que permite la internación involuntaria de personas en situación de calle.
“Eso creo que ha quedado demostrado. (El problema) no se puede resolver de un momento a otro ni se puede resolver solamente con este tipo de herramientas”, declaró en una entrevista.
Desde que comenzó a aplicarse la normativa, el pasado 25 de agosto, se llevaron a cabo 206 intervenciones coordinadas entre el Mides, ASSE y el Ministerio del Interior.
Según datos oficiales, en el 56% de los casos se detectó riesgo para la salud de estas personas o para terceros.
A pesar de estas cifras, muchas de las personas intervenidas retornaron a la calle tras un breve período.
La directora de Políticas Sociales del Mides, Fernanda Auersperg, explicó que esta medida no busca reducir directamente el número de personas en situación de calle, sino que pretende ser una herramienta para abordar casos extremos.
En el 30% de las intervenciones, quienes fueron internados optaron por permanecer dentro del sistema de asistencia estatal, sin embargo, este porcentaje no logra disimular las dificultades para generar un impacto sostenible en la población afectada.
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