La defensa del senador frenteamplista Charles Carrera presentó seis informes jurídicos que, según su abogado, concluyen que la actuación del exjerarca del Ministerio del Interior “no configura delito”. “Son insumos que se le muestran al equipo fiscal, que le muestra que el espectro académico sostiene unánimemente que estos hechos no configuran delito”, declaró este lunes Juan Manuel González, abogado de Carrera.
Carrera fue denunciado en junio de 2022 por haber autorizado la atención de un vecino de La Paloma en el Hospital Policial, la víctima, Víctor Hernández, había recibido un disparo que presuntamente provino de un efectivo policial.
En ese momento, Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior.
Los informes presentados ante Fiscalía fueron elaborados por destacados juristas, entre ellos el constitucionalista José Korzeniak, los penalistas Gonzalo Fernández y Jorge Barrera, así como los expertos en derecho administrativo Carlos Delpiazzo, Miguel Pezzutti y Álvaro Richino.
Según la defensa, todos coincidieron en que la decisión de Carrera no constituye delito alguno.
“El Ministerio del Interior no solo podía, estaba facultado a tomar las medidas que tomó respecto de Víctor Hernández, sino que era lo que debía hacer”, sostuvo González en rueda de prensa, argumentando que se trató de una acción de “buena administración” para mitigar daños tras el incidente.
El abogado también afirmó que la situación de Carrera no ha cambiado desde setiembre de 2024, cuando la fiscal Silvia Porteiro solicitó su desafuero.
González consideró que ya ha transcurrido un “plazo razonable” y que la investigación “no puede dilatarse mucho más”.
La Fiscalía deberá decidir si formaliza la investigación contra Carrera, lo que implicaría su imputación, o si archiva la causa.
Según González, la defensa aportó elementos que revalúan las pruebas existentes, además, enfatizó que Carrera siempre confió en su inocencia, y recordó que la figura de abuso de funciones requiere que se pruebe una intención de perjudicar a la administración pública.