Desde octubre será obligatorio el chip en perros
21 septiembre de 2017
Desde el 1 de octubre será obligatoria la colocación de un chip en los perros por parte de sus dueños.
La colocación la realizarán veterinarios autorizados y las autoridades comenzarán a fiscalizar a partir de enero de 2018, según explicó el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca Enzo Benech.
El costo de este chip rondará los 500 pesos (compuesto por el costo del chip y del arancel que cobrará el veterinario).
Se busca identificar a las mascotas, controlar su buen estado sanitario y encontrar a los dueños en caso de extravíos.
Benech señaló que en Uruguay hay una superpoblación de perros y dijo la medida busca regular la tenencia responsable de mascotas y reducir el número de perros callejeros.
Por su parte, en declaraciones al programa Fuerte y Claro de radio Informarte, el diputado suplente de Rodrigo Goñi, el Dr. Gastón Cossia, dijo que impulsará medidas legislativas y los contactos necesarios para aplazar la fiscalización.
Entre ellas, unificación de Registro PATENTE Y RENAC, implementación y difusión en 2018, y controles y fiscalización en 2019.
Ley
La ley N°18471 señala que "serán objeto de registro todos los perros del país desde el 1.° de octubre de 2017 hasta el 1.° de enero de 2018".
Los responsables de la instalación son 704 veterinarios de todo el país que estarán habilitados desde el 25 de setiembre.
Está estipulado que sean retirados aquellos animales sin dueño que causen problemas en la vía pública. Estos serán trasladados a albergues transitorios hasta que logren ser adoptados.
El chip se instala una vez en cada animal en forma subcutánea en el lado izquierdo del cuello o entre las dos escápulas, tiene el tamaño de un grano de arroz y un código único intransferible que carece de batería, por lo que se activa solo al acercar un lector; se trata de un dispositivo pasivo que no afecta la salud del animal.
El costo del chipeado variará, según la empresa proveedora, entre 424 y 510 pesos.
Habrá excepciones para los casos que cuenten con respaldos de instituciones de protección animal en cuanto a obligatoriedad, tiempos de ejecución y costos.
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