El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rechazó el recurso presentado por la organización Redes Amigos de la Tierra contra el llamado a licitación del proyecto Neptuno, que prevé la construcción de una planta potabilizadora de agua en Arazatí, San José.
La resolución se basó en que la acción de nulidad fue presentada fuera del plazo legal de diez días desde la publicación del llamado en el Diario Oficial.
La demanda, presentada en setiembre de 2023, cuestionaba la constitucionalidad del proceso licitatorio.
La ONG argumentaba que la participación de actores privados en la producción y distribución de agua potable contraviene el artículo 47 de la Constitución, reformado en 2004, que establece que el abastecimiento de agua debe estar exclusivamente en manos del Estado.
Además, el recurso señalaba que el último inciso del artículo 188 de la Constitución excluye expresamente al servicio de agua potable y saneamiento de los mecanismos de asociación con privados.
Según la organización, esto refuerza la inconstitucionalidad del proyecto Neptuno al habilitar la intervención de empresas privadas en un servicio que debería ser de gestión estatal.
Si bien la decisión del TCA es inapelable, Redes Amigos de la Tierra evalúa presentar el caso ante la Conferencia de las Partes, el órgano de decisión del Acuerdo de Escazú.
Allí plantearía que el Estado uruguayo no garantizó la participación efectiva de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos, en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Por otra parte, aún está pendiente la resolución de un recurso administrativo presentado por el sindicato de OSE contra la autorización ambiental previa otorgada al proyecto.
Esta autorización fue concedida con más de 20 condicionantes impuestas a la empresa adjudicataria, Consorcio Aguas de Montevideo, vinculadas a la preservación ambiental, la gestión del agua y el relacionamiento con la comunidad.
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