"Hay cosas que pueden ser legales pero no son justas, ni éticamente ni moralmente, por más legales que sean. Quiero señalar que en este doloroso asunto que nos divorcia de la cúspide del Poder Judicial no hubo error original del Ejecutivo en su mensaje, con el cual se inició este conflicto. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo tiene constitucionalmente la facultad no sólo de construir las leyes sino de interpretar la constitución. Así lo marca el inciso 20 del artículo 85", dijo.
Acto seguido el mandatario hizo memoria: "Tres veces sucesivas en el correr del tiempo, con consideraciones de forma, no de contenido fue desconocida la voluntad del Parlamento que era simplemente lograr una equiparación salarial para 13 ministros y no más. Este problema de fondo fue sucesivamente dejado de costado aduciendo problemas de forma y se llegó a afirmar, por ejemplo, que las modificaciones de carácter salarial debían ir en leyes presupuestales, pero a su vez se adujo un encadenamiento con el artículo de una ley no presupuestal".
"Se inventó una categoría, algo así como institucional, que no está en ninguna parte. El punto de arranque es precisamente una ley no presupuestal que sirvió para que se dejara de lado la decisión del Parlamento aduciendo que no estaban estas aseveraciones en una ley no presupuestal", criticó el mandatario, según publica Montevideo Portal.
El presidente entiende que la Justicia ha caído en una "flagrante contradicción" y expresó: "Hay personas que piensan que todo esto es por interés directo, que acá hay una cuestión de plata y no de principios o legalidad, no lo sabemos. Supongamos lo contrario, que esto es legalmente correcto y volvemos a insistir: puede ser legalmente correcto pero no consideramos que sea ético", señaló.
"Un ministro de la alta Corte cobra nominalmente algo así como 141.000 pesos y suma la partida de vivienda, académica y se va cerca de 180.000 pesos. Pero además en el futuro se jubila por la Caja profesional sin haber hecho aportes a esta. Obviamente también se jubila por BPS. Quiere decir que hablamos de funcionarios que el Uruguay retribuye bien, muy bien", opinó.
"Pero no podemos entender este gigantesco trancazo. ¿Por qué trancazo? Porque lo que se nos exige supuestamente en forma legal equivale a 500 millones de dólares en un quinquenio, más de 100 millones de dólares anuales, y esto significa, para un país como el nuestro, que si accedemos a semejante gasto hay muchos otros que están muy atrás en la fila de reparto y que no podremos atender".
"Cuando se mira globalmente es irrefutable. Más allá de la legalidad que creemos que es torcida, en el centro de la cuestión se está cultivando una imagen que creemos que podrá darle más pesos a quienes ejercen la justicia pero no le va a dar más reconocimiento social, sino lo contrario. ¿Por qué? Porque en definitiva la diferencia de ingresos con otros sectores de la sociedad es enorme y las garantías de compensación y las garantías de compensación también son enormes", indicó.
"Es lamentable esta contradicción surgida. Debemos llamar a las cosas como son. Creemos por encima de todo que es tan espinoso el asunto que necesita voluntad política y estamos dispuestos a tenerla, pero queremos que se piense todo esto globalmente, porque los recursos del Estado son siempre los mismos y el Estado debe repartirlos entre todos. Si por una artimaña de carácter jurídico este sector le pega semejante mascada a los recursos públicos, habrá menos recursos para causas impostergables".
"No puedo creer que precisamente la Justicia, que es independiente y cuidada por todos, no entienda, no pueda entender estas cosas y que el afán de los números la enceguezca de esta manera", sentenció.
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