La decisión se tomó por las discrepancias que generó la redacción del artículo que refiere al delito de abuso de funciones, ese delito por el que fueron procesados el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el intendente de Colonia, Walter Zimmer.
Además algunos colectivos sociales señalaron sus discrepancias con la iniciativa. Organizaciones como Cotidiano Mujer, Amnistía Internacional y Serpaj (entre otras) estuvieron en el Parlamento y emitieron un comunicado en el que aseguran que el nuevo Código Penal es "un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado".
Según informa Montevideo Portal, las organizaciones dicen en ese comunicado que "hay un retroceso en todo lo relativo a los delitos sexuales, como la explotación sexual de niños/as y adolescentes o proxenetismo" ya que se "banaliza los delitos sexuales que no implican penetración, denominándolos delitos contra el pudor y reduciendo la pena de forma que permita la excarcelación, siendo este tipo de conductas muy frecuentes en mujeres y las más utilizadas contra niñas, niños y adolescentes".
También "restringe la penalización vigente de la contribución de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a los casos en que se prueba la obtención de lucro o ganancia por parte del intermediario, siendo que toda forma de utilización de niños en el comercio sexual, aún sin la obtención de lucro, vulnera los derechos humanos", adoptando "las posturas defensoras de los intermediarios y facilitadores de la explotación sexual".
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