La Policía analiza dos hipótesis principales sobre el origen de las amenazas de bomba que afectaron en los últimos días a centros comerciales y educativos de Montevideo. Aunque se trató de alarmas falsas, las autoridades tomaron cada caso con la seriedad que exige el protocolo, lo que implicó el despliegue de efectivos, evacuaciones y la interrupción de actividades.
Según informó el diario El País en base a fuentes del Ministerio del Interior, una de las líneas de investigación apunta a que las amenazas podrían formar parte de un intento de grupos delictivos por medir los tiempos de respuesta de la Policía.
De confirmarse, esto permitiría a los delincuentes planificar un hurto o asalto de alto impacto con mayor precisión.
El fiscal Raúl Iglesias explicó que cuando se aplica el protocolo ante una amenaza de bomba, la Policía debe dejar en pausa sus tareas habituales de prevención del delito para enfocarse en el operativo.
Algo similar sucede con los Bomberos, que se ven obligados a abandonar eventuales intervenciones en incendios o emergencias reales.
La segunda hipótesis se centra en el “efecto contagio”: varias de las personas que realizaron las llamadas no tienen vínculos entre sí ni antecedentes penales.
Según las autoridades, estas personas habrían imitado acciones anteriores, confiadas en que hasta el momento no se habían tomado medidas judiciales significativas contra los responsables.
Las amenazas han generado alarma y afectado a cientos de personas, en particular a estudiantes y trabajadores que debieron evacuar escuelas, liceos y centros comerciales.
La situación también ha obligado a reforzar la vigilancia y el monitoreo en distintos puntos del país.
La investigación sigue en curso, y desde el Ministerio del Interior se indicó que se tomarán medidas penales en los casos en los que se logre identificar a los responsables.
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