Funcionarios judiciales desalojaron y definen nuevas medidas

La Asociación de Funcionarios Judiciales acató la orden de desalojo emitida por la Dirección de Trabajo y abandonó la ocupación de los juzgados penales de la calle Juan Carlos Gómez. El sindicato definirá este miércoles nuevas medidas.

El motivo de ocupación fue en reclamo por el incumplimiento de pago por parte del gobierno de una deuda laboral de U$S 40.000.000 a 3.800 funcionarios, arrastrada desde 2012.

Además, en rechazo a una supuesta omisión del Poder Ejecutivo en designar a un fiscal que intervenga en una acción de inconstitucionalidad promovida por funcionarios judiciales contra el artículo 733 de la Ley de Presupuesto.
La norma condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos, y a futuras instancias presupuestales.

Por otra parte, tienen inquietud en el artículo 15 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas que dice: “El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales.”