El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que permite el acceso público a los documentos relativos al pasado reciente, depositados en el Archivo General de la Nación. La normativa fue aprobada en mayo con el respaldo de los legisladores de la coalición de Gobierno.
El decreto reglamentario establece la creación de una nueva sección denominada “Archivo del Pasado Reciente y Violaciones a los Derechos Humanos”, que abarcará documentos desde junio de 1973 hasta febrero de 1985, período correspondiente a la dictadura cívico-militar, aunque se podrán incluir materiales previos o posteriores que estén relacionados.
El acceso a estos documentos estará regido por protocolos estrictos, según el decreto, cualquier persona que acceda a información que sugiera la existencia de un hecho de apariencia delictiva deberá informar al director del archivo, quien a su vez notificará al Ministerio de Educación y Cultura para que, de corresponder, se presente una denuncia penal.
Un aspecto clave de la reglamentación es el equilibrio entre la transparencia y la privacidad.
El acceso a los documentos se otorgará "sin perjuicio del mantenimiento en reserva de la información sobre la vida privada, la dignidad humana y el entorno familiar" de las personas mencionadas, buscando proteger los derechos de los involucrados.
Esta iniciativa es considerada un paso importante para garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, pero también presenta desafíos, como la correcta implementación de los protocolos y el manejo ético de la información.
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