En declaraciones a EFE, desde Italia (donde participa del proceso que juzga la desaparición de una veintena de italianos) dijo que aunque en Uruguay fueron procesadas decenas de personas por estos hechos y las consecuencias del juicio "fueron trascendentes", no tuvieron "la repercusión necesaria".
"Se hizo justicia en parte. Hace falta mucho más y hay que empeñarse en que siga. Creo que esta oportunidad en Italia (de que se celebre el proceso) hará que haya un conocimiento público de los hechos, que se sigan los juicios pendientes y que se tome conciencia de que eso no puede volver a suceder".
Su presencia en el Tribunal capitolino estuvo centrada especialmente en conocer la situación judicial de Jorge Néstor Fernández Troccoli, que logró eludir la Justicia uruguaya en 2007 y viajar a Italia justo cuando iba a ser detenido.
Para Guianze Troccoli es "un personaje muy conocido" porque estuvo integrado en el FUSNA (Cuerpo de Fusileros Navales), encargado de la represión dentro de la Marina y cuyo periodo de actividad más importante se desarrolló entre 1977 y 1978.
Con el fin de la dictadura vivió en libertad, convencido de que no se le podía juzgar en base a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y llegó incluso a escribir un libro, "La ira del Leviatán", en el que "admite que hubo torturas, aunque en forma de eufemismo".
Guianze dijo que "él sabe que tenemos las pruebas" y sonrió ante la posibilidad de volver a verse las caras durante la audiencia de este jueves porque Troccoli no se hizo presente en el Tribunal.
"Hubo una generación intermedia que quizá quiso olvidar, porque había sufrido mucho. La dictadura fue un periodo gris, de plomo, que a todo el mundo lo marcó, pero las nuevas generaciones están queriendo saber", señaló.
Este jueves el Tribunal de Roma celebró una nueva audiencia en la que se constituyeron como partes civiles familiares y organizaciones de víctimas de la Operación Cóndor.
La vista tuvo lugar en el aula búnker de la prisión romana de Rebibbia y durante la misma, de casi siete horas de duración, se procedió a la constitución de las partes civiles, en cuyo nombre se da inicio a este juicio.
La jueza de la III Sección Penal, Evelina Canale, aceptó a todos los familiares de las víctimas, antiguos miembros de la disidencia política de las Juntas Militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
También aprobó la constitución como demandante de organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD).
Rechazó por contra la presencia de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo porque su finalidad no se corresponde con lo juzgado en este proceso y porque su fundación se produjo después de los hechos investigados.
La magistrada también permitió la constitución del Partido Comunista de Chile, dado que "el fin de esta entidad se identifica con la defensa de los derechos humanos" que le legitiman a presenciar el juicio, después de perder a uno de sus dirigentes, el chileno Donato Avendaño.
Fuente: EFE
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