Desde la implementación de la ley de internación compulsiva, el pasado 25 de agosto, las autoridades realizaron 86 intervenciones en la vía pública.
De esos casos, 32 personas fueron trasladadas, 16 de ellas contra su voluntad debido a riesgos para sí o terceros, conforme a la normativa que autoriza internar a personas en situación de calle cuando su juicio esté afectado por patologías psiquiátricas o consumo de sustancias.
Según indica el balance del Mides, publicado en el diario El País, en los restantes 54 casos, los equipos técnicos entendieron que no había riesgo para sí o para terceros.
Esta nueva ley, que busca abordar las problemáticas relacionadas con la salud mental y las adicciones en las personas en situación de calle, generó un debate en torno a los derechos individuales y las políticas públicas.
El Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou defiende la medida como una forma de proteger la vida y el bienestar de las personas vulnerables, mientras que desde la oposición argumentaron que se debe garantizar un enfoque más integral, incluyendo apoyo psicológico y social continuo para evitar la reincidencia.
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