Judicialización del periodismo: ¿estrategia para amedrentar a comunicadores?

Una serie de episodios que ha enfrentado a altos jerarcas de gobierno y trabajadores o medios de comunicación, en lo que ha sido una serie de juicios concretados (o anunciados) hacen pensar a varios periodistas que se trata de alguna forma de intimidación.

En la lista de demandas que tomaron estado público en los últimos días se incluyen las del expresidente de Ancap José Coya contra el diario El País y su periodista Daniel Isgleas y la de la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado Susana Muñiz contra el periodista del diario El Observador Gabriel Pereyra (que fue retirada luego de un acuerdo judicial).

También anunciaron su intención de recurrir a la Justicia el vicepresidente Raúl Sendic contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero por la autoría de un libro y la directora del Hospital de Ojos Sandra Medina contra el programa Santo y Seña de Canal 4.

"Se trata de una intimidación indirecta contra el resto de los colegas", dijo a Fuerte y Claro, el Presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Daniel Lema.

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La tendencia a judicializar el malestar por parte de funcionarios u otras personas afectadas por coberturas periodísticas de interés público "implica un atentado contra la libertad de expresión y así ha sido señalado por organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana o la Relatoría Especial que funciona en ese ámbito", sostiene CAinfo.

En la última década Uruguay ha sido reconocido en la región por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron entre otros progresos la despenalización de los delitos de comunicación, con la aprobación de la Ley Nº 18.515 en julio de 2009.

No obstante, el monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) junto con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), y el apoyo de la Red Internacional de Libertad de Expresión (IFEX) registró 16 casos de hostigamiento a periodistas a través de la Justicia desde su inicio en 2014.