Justicia imputa al Barcelona por caso Neymar

20 febrero de 2014


Ruz, que ya investiga al expresidente del club Sandro Rosell por apropiación indebida en ese fichaje, ha tomado esta decisión después de que ayer el fiscal José Perals se lo reclamara en un escrito en el que afirmaba que uno de los indicios de delito fiscal "es la existencia de contratos simulados, así como la realización de operaciones de 'ingeniería financiera', mediante los que se pretende cometer el engaño a la Hacienda Pública".

"Concurren al presente estadio indicios suficientes para la investigación acerca de la posible comisión del delito contra la Hacienda Pública por parte de la entidad Fútbol Club Barcelona", afirma ahora el juez en un auto, en el que también acuerda una serie de diligencias, que ya le había reclamado el fiscal para confirmar la comisión del delito fiscal por parte del club.

Según informa la Agencia EFE, el magistrado entiende que las cantidades abonadas por el Barcelona por el fichaje del jugador brasileño "podrían responder, en cuanto a su verdadera naturaleza, a una mayor retribución del propio jugador, teniendo en tal caso la consideración de rendimientos de trabajo, y debiendo tributar por este concepto".

El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y el presidente actual del club, Josep Maria Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.

En este punto, el magistrado concluye que, de acuerdo con estos periodos, Neymar tenía en ese tiempo la condición fiscal de "no residente", por lo que "la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debería practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas, en concreto del 24,75 por ciento de los rendimientos" de Neymar.

De esta forma, Ruz se refiere a la hipótesis de la Fiscalía, que ayer cifró el posible fraude tributario en 9.100.800 euros, cantidad que obtiene al observar que las cuantías de las operaciones derivadas del fichaje fueron 10 millones en 2011 y 27.920.000 euros en 2013, "respecto a las cuales no consta que se hayan retenido ni abonado las correspondientes deudas tributarias".

Si se certifica el fraude, el Barça podría regularizar su situación fiscal por vía administrativa, lo que no le exime de la responsabilidad penal, aunque la multa por el fraude tributario sería menor, según fuentes jurídicas.

Informe propiedad de EFE


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