A través de una carta que publica El País, Lorenzo comienza explicando que el pasado 26 de octubre "fui elegido diputado nacional. No tengo palabras para agradecer el apoyo y el gesto que esto representa en el plano humano y político. Paralelamente, durante estos dos últimos años me he visto inmerso en un largo y penoso proceso judicial ampliamente conocido".
"Fui procesado por el artículo 162 del Código Penal vigente que, bajo el título de ‘abuso genérico de funciones', condena una conducta que no describe ni especifica", dice el exministro.
"Hace muchos años que diversas fuerzas políticas y la inmensa mayoría de la academia proponían cambiar la redacción de ese artículo porque en materia penal las imprecisiones y generalidades afectan el indispensable rigor y las garantías con las que debe ser aplicada la ley penal. La tutela de la libertad de los ciudadanos, exige necesariamente, seguridad y una aplicación rigurosa y precisa, de las normas penales", agrega.
"Ahora el Parlamento Nacional con el voto de legisladores de los dos principales partidos políticos se apresta a modificar el Código Penal. Específicamente -y recogiendo los postulados de la academia- se propone reformar la redacción del artículo 162", sostiene Lorenzo.
"En otras circunstancias, como lo he manifestado, este cambio sería un avance importante en una materia que es siempre extremadamente delicada, tanto para el contralor de la función pública como para el contenido del derecho penal. Ahora bien, en este momento, desde el punto de vista estrictamente personal y, dadas las previsibles consecuencias que el cambio en la normativa implicaría en mi situación procesal, me opongo a ese cambio. No quiero de ninguna manera recibir beneficio alguno derivado de esas circunstancias", expresó.
Lorenzo entiende que "la aprobación de este ajuste normativo podría impedir que la Justicia se expidiera y con ello dejaría un manto de sospecha acerca de la forma en que he procedido. No sólo he sido sometido a un proceso que considero injusto sino que, con la aprobación del nuevo Código Penal, podría verme impedido como ciudadano del derecho a escuchar el dictamen de la Justicia en la que siempre he expresado mi confianza".
Al cierre el integrante del FLS dice: "En estas circunstancias, he tomado la resolución de no acceder a mi banca. No se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre mi persona y mi accionar. No me siento en absoluto culpable de haber cometido ningún acto en mi condición de ministro que merezca una condena, pero cuando se acepta y se lucha por vivir en una república democrática hay que asumir todas sus reglas, sus enormes ventajas y valores y también sus riesgos".
"Lo hice cuando renuncié a mi cargo para poder ser juzgado sin privilegios, y luego del pronunciamiento de la jueza, al decidir no presentar un recurso de apelación. Y lo hago en este momento, con la misma convicción. La ética es una actitud irrenunciable", concluye.
Foto: Presidencia
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