La decisión judicial, tomada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anuló así el acto por el que Lula fue juramentado hoy por Rousseff.
A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios de la base oficialista que recibieron a Lula y a Rousseff al grito de "no habrá golpe", en alusión al trámite con miras a un posible juicio político contra la mandataria, que será retomado en la Cámara de Diputados.
También estaban presentes legisladores de la oposición, algunos de los cuales gritaban "vergüenza" y se enzarzaron en un breve duelo de coros con el oficialismo.
La seguridad en el Palacio de Planalto ha sido reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos fue restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema.
En esa plaza se concentraron manifestantes, tanto a favor como en contra del Gobierno, que llegaron a enfrascarse en incidentes que no llegaron a mayores.
Los grupos favorables al Gobierno eran más numerosos y, según cálculos de la Policía Militar, sumaban unas 300 personas, en tanto que los opositores no llegaban al centenar, al menos al inicio de las concentraciones.
Las grabaciones que agravaron la crisis fueron divulgadas este miércoles por el juez Sergio Moro, del sureño estado de Curitiba y responsable de la investigación en la petrolera estatal Petrobras, que afecta a decenas de políticos, entre los que está el propio Lula.
La condición de ministro que tiene desde hoy Lula le garantizará un fuero privilegiado y supondrá que las causas en su contra salgan de la órbita de Moro y pasarán a la Corte Suprema.
La difusión de los audios y la sospecha que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso llevó a miles de personas a protestar en todo el país y exigir la destitución de la mandataria, como el pasado domingo ya lo habían hecho 3,5 millones de personas en la mayor manifestación política de la historia brasileña.
Tras conocerse esas grabaciones, la Cámara de Diputados decidió retomar hoy mismo el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, cuyo apoyo en el Congreso ha ido menguando al calor de la severa crisis política en la que se ha sumergido el país.
De hecho, una vez que fueron difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de Gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff.
Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y solo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el Gobierno frente a un posible juicio político contra la mandataria.
Fuente: EFE
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