El matutino informa que la situación llevó a que los ministros de los dos tribunales de apelaciones de familia denunciaran la situación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En el informe que se elevó al máximo organismo judicial plantea que no se cumplió con el proceso establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que los tribunales de apelaciones se ven obligados a anularlos.
La consecuencia inmediata de estos casos es que los detenidos deben ser liberados, y si se corrobora que lo actuado violó la ley, pasa a ser nulo y la detención ilícita.
Entre las irregularidades detectadas por los ministros de los tribunales de apelaciones están la realización de interrogatorios sin la presencia del defensor, el juez ni el fiscal, el cumplimiento de esta tarea por parte de un funcionario receptor y que éste le pregunte al adolescente sobre si ratifica lo declarado a la Policía, lo cual viola al código, ya que lo que se declara ante la Policía no tiene valor, sino que lo debe interrogar un juez sin material previo.
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