En declaraciones al programa Fuerte y Claro de Radio Informarte, la Dra. Mariana Mota que integra el Directorio de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (Inddhh), dijo que el hallazgo de restos óseos en el predio del Batallón 13 es la constatación de “la barbarie que fue la época del terrorismo de Estado”. Sobre el proyecto del Gobierno que traspasa a la Institución las competencias que tiene el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia, expresó que se trata de una responsabilidad que las autoridades asumen porque “es necesario”. Escuche la entrevista.
En referencia al hallazgo de un esqueleto humano adulto en el predio del Batallón 13, Mota dijo que Uruguay “ha pasado por tantos períodos, desde aquel donde se afirmaba que no había desaparecidos hasta la creación de la Comisión para la Paz que dio una respuesta tratando de cerrar el tema” pero luego “empezaron a aparecer esos desaparecidos y lo siguen haciendo”, reflexionó.
Lo que sucedió en las últimas horas “equivale a decir que otra vez este tema no está cerrado, sigue estando sobre la mesa, cada vez que hay un hallazgo es muy difícil imaginar la situación que atraviesan los familiares”, comentó.
“Estas son horas de mucha expectativa donde cada uno revive el tema de la desaparición de un familiar y los años que ha pasado en la espera de saber. Por otro son horas de volver a presentar la barbarie de lo que fue la época de terrorismo de Estado. Son horas de mostrar un Estado en el extremo de las violaciones a los DDHH” y por eso “es importante recordar lo que pasó para saber que no se puede volver a esos extremos”, dijo.
En referencia a los tiempos que maneja el poder político y los antropólogos, Mota comentó que el proceso “ha tenido inicios e interrupciones, ha habido obstáculos en el medio, en una búsqueda que además es un proceso que reclama un tiempo”.
“Es necesario conocer a fondo los procesos y si las demoras son justificadas o debidas a una investigación o a otras circunstancias que hacen que no se alcance con la rapidez que todos queremos”, agregó y opinó que en este marco conviene conocer “por qué hubo este lapso de tiempo sin novedades por lo que deberíamos conocer un poco más de la información de aquellos que están en el trabajo de campo”, indicó.
Necesario
Consultada sobre el proyecto del Gobierno que traspasa a la Inddhh las competencias que tiene el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia, Mota expresó que se trata de una responsabilidad que las autoridades asumen porque “es necesario”.
“Se había dialogado este proyecto de manera informal con el Gobierno. Al otro día del anuncio recibimos el planteo concreto. No nos pareció tan extraño porque la Inddhh tiene como punto fundamental la promoción, protección y defensa de los DDHH” y “en este marco la búsqueda de desaparecidos puede ser un cometido”.
“El punto es, de qué manera poder desarrollar esa competencia y ahí el proyecto da un marco de actuación que aguardaremos si el Parlamento lo aprueba para hacer la tarea”, sostuvo.
El cambio “afecta a una Institución que somos poco más de 50 personas, que además está desarrollando funciones que se van ampliando en su alcance. De todas maneras creemos que si no hay espacio se lo busca pero esto es algo que sin duda la Institución lo asume y esperamos por la aprobación del marco normativo. Creemos que es necesario que sea asumido de esta manera”.
En el proyecto, informó Mota, “se reconoce la autonomía e independencia de la Institución en esta tarea. En este caso vamos a precisar la colaboración de los organismos que está previsto en el proyecto”, agregó.
“Creo que si hay un compromiso del Ejecutivo y de los diferentes candidatos a la Presidencia, confío en que las futuras administraciones pondrán a disposición de la Inddhh lo que se precisa para seguir adelante”, sentenció.
Riesgo
Por último Mota afirmó que los derechos humanos deben ser “defendidos” porque “así como se logran se pueden perder. Y puede ocurrir, si no tenemos claras políticas de Estado, que sean de protección a los DDHH, que los perdamos”.
“Es importante en un período electoral oír que hay uniformidad en la protección de los derechos fundamentales, que sea algo que trascienda las opiniones y las propuestas políticas puntuales”, añadió.
“El Estado es el principal obligado en la protección y debe continuar esa tarea gobierne quien gobierne. Sí es preocupante cuando aparecen discursos de exclusión y se banalizan algunas situaciones graves”, cerró.
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