El anunciado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, expresó que será “fundamental” conocer cuáles serán las decisiones políticas del actual Gobierno en relación al proyecto Arazatí. Ortuño señaló que el proyecto enfrenta “desafíos importantes” vinculados a la salinidad del agua, las cianobacterias y los cuestionamientos técnicos y legales realizados por diferentes organismos.
Ortuño presentó un nuevo informe técnico al presidente electo, Yamandú Orsi, elaborado a partir de estudios recientes, entre ellos uno del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Según el futuro ministro, la obra no solo tiene problemas técnicos, sino también financieros, ya que el modelo de financiamiento elegido representa un “costo millonario para el país y que OSE no está en condiciones de afrontar”.
Acciones
Por su parte, Redes-Amigos de la Tierra presentó un recurso administrativo para revocar la autorización ambiental previa otorgada por el Poder Ejecutivo al Consorcio Aguas de Montevideo.
La organización cuestionó al Ministerio de Ambiente por haber concedido la autorización sin considerar los 215 reparos presentados previamente por un grupo de científicos.
Además, denunció que el Estudio de Impacto Ambiental carece de suficiente fundamentación técnica y contiene condicionantes que podrían generar impactos graves en el ambiente.
En su recurso, Redes afirmó que el proyecto está sujeto a una “total incertidumbre” en cuanto a sus volúmenes de operación y, por ende, a su capacidad para garantizar el abastecimiento de agua.
También cuestionaron la condición impuesta de no captar agua del Río de la Plata cuando la salinidad supere los 125 mg/litro, señalando que la salinidad del estuario es “absolutamente inmanejable”.
La organización también subrayó que el proyecto podría contravenir el artículo 47 de la Constitución, que establece que el abastecimiento de agua potable debe ser gestionado por un servicio público estatal.
Por ello, Redes pidió que la autorización ambiental sea suspendida provisionalmente hasta que se resuelva el recurso.
El Ministerio de Ambiente tiene un plazo de 120 días para responder al recurso. En caso de no hacerlo, Redes podrá recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
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