Reclaman que la cartera quiere "recortar" la cantidad de refugios y funcionarios dedicados a la atención a personas en la calle.
Estos trabajadores desarrollan su tarea contratados de forma tercerizada. Según dijo a Montevideo Portal el vocero Gustavo Aysa, el conflicto surgió a fines de febrero, cuando el Mides abrió una licitación para instituciones tercerizadas interesadas en administrar los centros de atención.
Según Aysa, la licitación de 2015 introdujo un nuevo requisito: tener el Bachillerato completo. "Es un requisito que no tiene justificación porque la gente que terminó el Bachillerato no va a ir a trabajar ahí, donde se necesita vocación".
"No puede ser que desde un escritorio se decida qué tiene que tener una persona para atender a una persona en situación de calle porque si no estás acá no te imaginás los problemas que tiene la gente", agregó.
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