El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó un nuevo informe a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y a la Comisión de Seguimiento Carcelario. En el documento, que incluye más de 40 propuestas concretas, el jerarca planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural del sistema penitenciario, con un horizonte de al menos diez años para obtener resultados significativos.
Petit propuso como base de esa transformación la firma de un pacto de Estado que permita sostener el proceso más allá de los cambios de gobierno. En esa línea, insistió en la creación de un sistema de medidas alternativas “más vigoroso y continente”, así como en el fortalecimiento de programas de inclusión social y asistencia pospenitenciaria.
“Reducir la reincidencia a la mitad es una misión posible en Uruguay, y eso implicaría miles de delitos menos por año”, señaló Petit.
Agregó que una transformación profunda en el sistema de sanción penal debe formar parte de cualquier agenda seria de desarrollo social. No obstante, reconoció que las medidas de urgencia necesarias hoy superan ampliamente los recursos actuales del Instituto Nacional de Rehabilitación.
En su informe, el comisionado volvió a advertir sobre el impacto negativo que tiene el aumento sostenido de la población carcelaria en Uruguay, particularmente desde 2020.
En lo que va del siglo, la tasa de crecimiento promedio fue de un 6% anual, pero desde 2020 se incrementó al 8%, y en el caso de las mujeres privadas de libertad el aumento llegó al 18% anual.
Este crecimiento acelerado de la prisionización, acompañado de escasos recursos presupuestales, ha generado altos niveles de hacinamiento, lo cual, según Petit, impide toda posibilidad real de rehabilitación.
“La situación de encierro es contraria a las normas”, alertó, al tiempo que remarcó que Uruguay se encuentra entre los diez países del mundo con mayor cantidad de personas privadas de libertad en proporción a su población.
Para revertir esta realidad, el comisionado insistió en que es indispensable no solo un acuerdo político de largo plazo, sino también una inversión presupuestaria acorde a la magnitud del desafío.
De lo contrario, advirtió, el sistema seguirá generando más inseguridad y menores oportunidades de reinserción social.
Informarte