Con "carácter urgente", la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fueron convocados al Parlamento, al igual que los directores del Banco República (Brou) y de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande).
Los diputados nacionalistas del sector Todos Rodrigo Goñi y Amin Niffouri fueron los responsables de realizar la convocatoria con el objetivo de conocer "los fundamentos en que se basó la propuesta dada a conocer públicamente para abordar la situación crítica de la empresa láctea de Paysandú, Pili", según explicaron en un comunicado.
En rueda de prensa, Goní expresó que la "fórmula propuesta por el gobierno no parece la más adecuada" y por ello "el Parlamento debe conocer en profundidad y de inmediato, si los fondos previstos son suficientes para lograr un proyecto viable y sostenible".
"El Parlamento no puede hacerse responsable de acciones que no sean verdadera solución y que por el contrario hagan perder oportunidades de salida”, agregó el legislador.
Sostuvo que "hay varias contradicciones" entre el gobierno así como entre los actores privados".
Goñi dijo que Cosse debe explicar "cómo mejorar la competitividad de una industria en crisis", mientras que Murro deberá indicar "su plan para garantizar la paz laboral en el sector".
Con respecto al Banco de la República, el legislador dijo que la institución tendrá que "explicar la situación de la deuda de más de 30 millones de dólares y cuál es su disposición en relación a la misma" y Ande "tiene todo el equipo técnico para pronunciarse en pocas horas, sobre las condiciones de viabilidad y sostenibilidad de la empresa. En especial si con este préstamo se logra superar la situación crítica de Pili”.
“El Parlamento debe actuar con la seriedad que el gobierno no ha actuado”, afirmó.
Acreedores
El viernes Pili solicitó en la Justicia un concurso de acreedores para iniciar una "reorganización empresarial" y buscar su "continuidad", según informa El País.
Fuentes consultadas por ese medio, confirmaron que la empresa tiene pasivos no menores a US$ 60 millones.
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