El gobierno de Perú promulgó una nueva ley que impide que los policías en servicio puedan ser detenidos de manera preliminar o preventiva por orden judicial cuando causen lesiones o muertes durante el uso reglamentario de sus armas o medios de defensa. La norma generó un intenso debate entre legisladores, autoridades judiciales y la ciudadanía.
El Ministerio del Interior defendió la medida como parte de la estrategia para combatir la criminalidad organizada, en un comunicado, señaló que busca proteger a los efectivos policiales que actúan en el marco de la ley.
Sin embargo, la Fiscalía General expresó preocupación por las implicancias de esta legislación, la fiscal general, Delia Espinoza, planteó interrogantes sobre los límites del nuevo marco normativo: “¿Qué sucede si hay un error policial en el uso del arma de fuego? Entonces, ¿no se podría investigar de pronto?”, cuestionó.
Desde el Congreso, algunas voces de oposición criticaron duramente la nueva ley, la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, argumentó que la norma no contribuye a combatir el crimen organizado, sino que protege a agentes que han cometido abusos.
“Estamos en un país todavía en duelo, que no ha terminado por dilucidar qué ocurrió con estos casi 50 asesinatos en las protestas durante el primer año de gobierno de Dina Boluarte”, señaló y advirtió que algunos de los responsables de las muertes en manifestaciones antigubernamentales podrían quedar impunes.
La congresista Ruth Luque, también de Cambio Democrático, alertó sobre los riesgos que la ley podría representar para la independencia del Ministerio Público.
Según Luque, “estas modificaciones al Código Procesal Penal podrían evitar que se pidan explicaciones cuando se abusa de las atribuciones policiales”.
Su posición refuerza la preocupación de que esta ley debilite el control sobre posibles excesos de las fuerzas del orden.
En contraste, el parlamentario fujimorista Víctor Flores defendió la norma, argumentando que no implica impunidad para los policías.
“El policía que abate a un delincuente haciendo uso de su arma de reglamento, con todos los atenuantes y la Constitución en la mano, simple y llanamente estará exento de una detención preliminar o preventiva, nada más”, afirmó.
Flores destacó que, en caso de culpabilidad o negligencia, los efectivos deberán enfrentar un juicio como corresponde.
La polémica ley también despertó críticas en sectores sociales y defensores de derechos humanos, quienes consideran que podría consolidar la percepción de “blindaje” hacia la Policía y el gobierno.
Según Sigrid Bazán, incluso la presidenta Dina Boluarte planteó que algunos de estos casos podrían pasar a fueros especiales, lo que, para la congresista, refuerza la idea de protección institucional a los uniformados.
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