El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno revocó la medida cautelar que había suspendido las obras para la construcción de la planta potabilizadora del proyecto Arazatí en San José, decisión que había sido adoptada por el juez Alejandro Recarey en junio de este año. Además, el tribunal resolvió apartar al magistrado del caso por considerar que incurrió en "prejuzgamiento".
Recarey había ordenado la detención de las obras tras una acción presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucu Tucu, argumentando que el proyecto podría implicar una "privatización parcial del suministro público de agua potable", algo que contravendría el artículo 47 de la Constitución.
La sentencia de primera instancia generó reacciones inmediatas. El presidente Luis Lacalle Pou expresó entonces su desacuerdo con la resolución judicial: "No compartimos ni el fondo ni la forma", señaló, dejando en claro la postura del Ejecutivo frente a la paralización del proyecto.
La resolución del tribunal de segunda instancia, emitida cinco meses después, anuló completamente la decisión inicial. Según el fallo, se decidió "dejar sin efecto lo resuelto y declarar de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones".
El argumento central del tribunal para revocar la medida se basó en el "prejuzgamiento" del juez Recarey, indicando que este había emitido su resolución sin fundamentación jurídica suficiente para respaldar sus consideraciones sobre una supuesta privatización del agua.
Con esta decisión, el proyecto Arazatí retoma su curso. La planta potabilizadora es una de las obras clave del gobierno para garantizar el suministro de agua potable, especialmente tras la reciente crisis hídrica que enfrentó Uruguay.
Desde el gobierno, esta resolución se interpretó como un respaldo a su política en materia de gestión de recursos hídricos.
Sin embargo, sectores sociales que impulsaron la acción judicial mantienen sus cuestionamientos al proyecto, alertando sobre posibles implicancias ambientales y legales.
Informarte