Las autoridades de EEUU detuvieron a 538 migrantes en situación irregular y deportaron a "cientos" de ellos, según lo anunció la Casa Blanca. Este operativo, presentado como "la mayor operación masiva de deportación en la historia", marcó el inicio del segundo mandato de Donald Trump, quien firmó una serie de decretos migratorios tras declarar el estado de emergencia nacional en la frontera con México.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró en X que los detenidos fueron deportados en aviones militares, aunque no precisó los destinos de estas personas.
“La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, escribió, acompañando su declaración con imágenes del operativo.
La medida generó una ola de críticas tanto en el ámbito nacional como internacional.
Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recordó desde Ginebra que el derecho a buscar asilo es un derecho humano universalmente reconocido.
“Mientras los países tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, deben respetar este principio fundamental”, subrayó.
En Newark, Nueva Jersey, el alcalde demócrata Ras Baraka denunció allanamientos realizados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en establecimientos locales.
Según Baraka, estas acciones incluyeron detenciones sin orden judicial y afectaron incluso a ciudadanos estadounidenses.
"Newark no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la población", afirmó, calificando la detención de un veterano de guerra como un "acto atroz".
Trump también reactivó el polémico programa "Quédate en México", que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se tramitan sus casos.
Además, suspendió el ingreso de refugiados y puso fin a programas que ofrecían vías legales para la solicitud de asilo, afectando principalmente a migrantes de América Central y del Sur.
La retórica del mandatario, que describió la llegada de migrantes como una “invasión” y los acusó de envenenar “la sangre” del país, ha sido ampliamente cuestionada por sectores políticos y defensores de los derechos humanos.
En paralelo, un juez federal de Seattle suspendió temporalmente una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución.