La familia de Milagros Chamorro Cabrera, quien denunció en 2010 haber sido violada y filmada por cinco jóvenes en Punta del Este, señaló a sus presuntos agresores, al sistema judicial y al sistema de salud como responsables de su muerte. Chamorro, quien se suicidó recientemente, vivió años de lucha para que su caso fuera atendido, aunque el proceso judicial se cerró sin llegar a una condena.
A través de una carta pública difundida por sus allegados, la familia expresó que el trágico desenlace fue "multicausal" y cuestionó tanto al sistema judicial como al de salud por la falta de apoyo recibido.
“Desde la violación, las trabas y el desamparo por parte del Sistema Judicial, y la enorme ineficiencia del Sistema de Salud, que una y otra vez no contempla a la salud mental como una de las principales emergencias sociales de Uruguay”, sostuvo la familia en el comunicado.
Amigas de la joven también denunciaron que Chamorro no recibió la atención adecuada en el centro de salud donde era tratada.
Como respuesta, el Ministerio de Salud Pública anunció que investigará de oficio la atención brindada a Chamorro, con el fin de determinar si hubo falta de asistencia en la emergencia que ella solicitó poco antes de su muerte.
Se informó que el mismo viernes en que decidió quitarse la vida, Chamorro había intentado acceder a atención sin éxito.
Chamorro, quien tenía 30 años, denunció haber sido violada cuando tenía 15 años por cinco personas en un apartamento en Punta del Este, donde fue llevada mediante un engaño.
Diez años después de los hechos, ya viviendo en Montevideo, decidió presentar una denuncia penal, esperando justicia.
El caso fue derivado a Maldonado, la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, pero se cerró en 2022 debido a que el delito prescribió, ya que los presuntos agresores eran menores de edad al momento de cometer el crimen.
Este cierre generó indignación en la familia, que cuestionó las trabas judiciales para avanzar en el proceso.
Recientemente, a pedido de la Defensoría de Oficio, se presentó un recurso para que otro fiscal revisara el expediente en el juzgado de violencia de género y delitos sexuales de San Carlos.
Sin embargo, no se pudo confirmar si la causa fue reabierta, lo que añade incertidumbre y frustración a una historia marcada por la falta de respuestas y apoyo institucional.
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