El Poder Ejecutivo confirmó que este jueves se firma con el Consorcio Aguas de Montevideo el contrato para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí, en el departamento de San José. La obra tiene como objetivo reforzar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, un proyecto que genera debate desde hace meses.
Según fuentes oficiales, el acuerdo será formalizado por las actuales autoridades de OSE e incluye una cláusula que permitirá al futuro gobierno de Yamandú Orsi realizar modificaciones al proyecto, siempre que haya consenso con el consorcio privado.
Esta disposición busca evitar que el documento deba ser ratificado nuevamente por OSE o analizado por el Tribunal de Cuentas.
Desde el equipo del gobierno electo, el designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se manifestó sobre el proyecto y afirmó que, aunque las modificaciones propuestas por el consorcio no son sustanciales, estas no eliminan las observaciones planteadas por el Frente Amplio y varias organizaciones sociales.
Ortuño expresó preocupación por las implicancias de la firma del contrato, indicando que limitaría el "diálogo nacional" que se busca promover en la próxima administración.
El nuevo gobierno definió como prioridad la construcción de una represa en la zona de Casupá, en Florida, y no la planta en Arazatí.
En ese sentido, Ortuño destacó la importancia de estudiar las alternativas presentadas por el consorcio y aseguró que antes de responder al Ejecutivo saliente, se escuchará a las organizaciones sociales que se oponen al proyecto.
Recientemente, estas organizaciones entregaron una carta en la Torre Ejecutiva solicitando que el contrato no sea firmado.
Además, según trascendió, tienen previsto presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez que el contrato sea suscrito.
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