El futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que en los próximos días se reunirá con el actual secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, para avanzar en el intercambio de información correspondiente al proceso de transición. Según afirmó, el Gobierno entrante necesita acceso a datos clave que, asegura, la actual administración aún no entregó.
Sánchez calificó la relación entre los equipos de gobierno como “buena y cordial”, pero marcó diferencias respecto a la transición realizada en 2020, refiriéndose a los comentarios del presidente Luis Lacalle Pou, sostuvo:
“Debería discrepar un poco con el actual presidente de la República que dijo que comparado con la información que recibieron del gobierno anterior, ya teníamos mucha información. Creo que lo están asesorando un poco mal al actual presidente”.
El futuro secretario explicó que los informes de transición de 2020 fueron entregados en diciembre, mientras que en esta ocasión, el acuerdo fue recibirlos después del 13 de enero.
“Si tenemos que comparar informaciones y tiempo, las actuales autoridades recibieron mucho antes que nosotros”, subrayó.
Además, Sánchez adelantó que durante su reunión con Ferrés abordará temas como la firma del contrato para la planta potabilizadora en Arazatí, una decisión del actual Gobierno que generó inquietudes en el equipo entrante.
ASSE: deuda millonaria
En otro orden, el gobierno electo pedirá información sobre presuntos atrasos en los pagos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a sus proveedores.
Según un informe al que accedió El País, ASSE acumula una deuda superior a los 100 millones de dólares en conceptos como servicios, alimentación y contratos médicos, además de pagos pendientes con algunas mutualistas.
Fuentes informaron que estos atrasos no se deberían necesariamente a la falta de fondos, sino a una decisión deliberada de aplazar pagos hasta 2025, buscando mejorar las cuentas al cierre de 2024.
La deuda fue confirmada por varios proveedores, quienes indicaron que en algunos casos los atrasos superan los seis meses.
Este panorama podría generar complicaciones en la gestión del gobierno entrante, que ya analiza posibles soluciones para normalizar la situación.
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