Desde su implementación, la llamada “inclusión financiera” ha estado en el ojo de la tormenta, y del análisis, de forma permanente. Se ha realizado una campaña de recolección de firmas y ha llegado hasta la campaña electoral para la segunda vuelta. En el programa Fuerte y Claro, el contador Marcos Soto, socio de la consultora CSC Uruguay e integrante de la Dirección Académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, repasó cómo fue la evolución de la aplicación de esta medida y la adopción por parte de la población en general. Escuche el análisis.
Soto recordó que entre los beneficios que este proceso trajo, tras la aprobación de la ley en abril de 2014, hay varios elementos.
“Universalizar el acceso al sistema financiero implica que haya un tercero involucrado en transacciones de dos. Es decir, hay una institución ajena al vinculo u operación, quien registra el hecho”, explicó.
“Por ejemplo cuando se paga el salario surge una institución ajena registrando la transacción. Indudablemente este hecho potencia la formalización del mercado laboral”, sostuvo.
“Por supuesto que esto colabora y protege en algún modo al trabajador, pero creo que también a la empresa”, dijo Soto.
Además, el contador indicó que “universalizar el acceso, permite el acceso al microcrédito o al crédito, tanto para el consumo como para facilitar el crédito hipotecario o prendario”.
También destacó sus ventajas “por el lado del control y la prevención del lavado de dinero”, señaló.
El contador afirmó que la ley ha generado una “clara modificación en los hábitos de pago minorista en Uruguay, el uso de tarjeta de débito se multiplicó por 25 en cinco años”, sentenció.
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